Edición N° 419 - Marzo 2018
Lo mejor que leímos
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Alfredo Boccia Paz
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Inmoralidad en grado de tentativa
Se han echado atrás, pero lo asombroso es que se hayan atrevido a intentarlo. Son señores y señoras que han llegado a la cima de la carrera judicial; que superaron a decenas de doctores en Derecho que soñaban con ocupar sus cargos; son, por eso, personas de las que se presume no les falta sentido común. Y, sin embargo, lo intentaron.
Por lo visto, los ministros de la Corte Suprema no se enteraron de que la opinión pública está soliviantada por las revelaciones de la corrupción judicial. No se dieron por notificados que la rabia colectiva los alcanza por su silencio mientras se pudría el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ellos, los dueños de los tiempos judiciales, eligieron justo este momento para atacar la transparencia y excluirse de la obligación de hacer declaración jurada de bienes.
Los miembros de la Corte -los que deberían ser los primeros en dar el ejemplo- se sienten ciudadanos de primera clase, inaccesibles al escrutinio público, blindados ante cualquier investigación para saber si se enriquecieron ilegalmente. ¿Por qué tendría que ser así? ¿Qué los hace diferentes al común de los paraguayos? ¿No fueron ellos los que desde hace años propician la campaña “Más transparencia, mejor Justicia”, para incentivar que los funcionarios cumplan con ese deber constitucional? Suena a algo bárbaro. Y si conceptualmente es inmoral, jurídicamente tiene aspectos tragicómicos.
La Corte Suprema es la que solicita la acción de inconstitucionalidad. Como es absurdamente complejo que la presente como cuerpo, encarga la labor a su directora jurídica, Mirtha Morínigo, a quien otorgaron un poder. Así, la acción de inconstitucionalidad de la Corte es recibida por la propia Corte, encantada de juzgar la validez de sus propios argumentos jurídicos. Hasta tanto eso se resuelva, los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro suspendieron la obligación de presentar declaraciones juradas de todos los funcionarios judiciales. Se les fue la mano, la idea inicial era beneficiarse solo ellos. Con la celeridad que en el Paraguay solo tienen las causas turbias, se comunicó la resolución a todos los órganos del Estado que pudieran tener atribuciones para exigir esas declaraciones. Ya está. Rápido y discreto.
Es aquí donde me entran dudas sobre la sensatez de la Corte. ¿En serio pensaban que la gente les iba a tolerar ser jueces y parte en esa autoasignación de privilegios anticonstitucionales? Tras el escándalo, vino una reculada de lo más curiosa. La asesora jurídica de la Corte dijo que hubo un error y que solicitará a la Corte una aclaratoria sobre los alcances del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Corte. Dicho pedido será estudiado por la Corte, antes que la Corte trate la cuestión de fondo, que es, no lo olvidemos, la acción presentada por la Corte. ¿Complicado? ¡Bueh!, la Corte que tenemos es cualquier cosa, menos sencilla.
Alfredo Boccia Paz
UH
17.02.18
