« Volver al detalle
Año XXXI - Nº 372 - Abril 2014
Editorial
Partidos al borde del abismo
El pasado 19 de marzo la Cámara de Diputados trató el desafuero del diputado colorado José María Ibáñez, imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificado de contenido falso.
El caso, uno de los tantos en el que están incurso miembros del Poder Legislativo, involucra a tres caseros de la quinta de Areguá del parlamentario, (a quienes Ibáñez, para pagarles sus sueldos, habría hecho figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados), recibió el general repudio de la ciudadanía que en más de una ocasión lo escrachó en la vía pública y hasta en un concurrido restaurante, obligándole junto a sus invitados a retirarse presurosamente del local.
Durante el largo debate fue llamativa la actitud asumida por varios congresistas, tanto de la ANR como del PLRA, quienes corporativamente ejercieron la defensa del diputado colorado, declarándose víctimas de una fiscalía que actuaba presionada por los medios de prensa, haciéndose eco de sus mendaces denuncias. Se acusó al ministerio público de excederse en sus atribuciones, de abuso de poder, de violar la Constitución en cada paso realizado en el marco del proceso. Se adujo que todo el juicio era consecuencia de la presión de estos medios, basándose en patrañas, mentiras, falsedades y medias verdades, así como de ensañamiento contra Ibáñez, calificándose el hecho como una clara persecución política, que resquebrajaba la estructura de las instituciones de la República, de practicar terrorismo de Estado, de dejarse presionar el Parlamento por temor a los escraches, que más temprano que tarde los diputados iban a arrepentirse de conceder el desafuero. Incluso se dijo que en el futuro la cámara debiera denominarse “Cámara de Imputados”.
El mismo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales argumentó que pedían la aprobación del desafuero solamente porque Ibáñez lo había solicitado. El voto de la cámara fue de 69 a favor de la aprobación con la abstención de 5 de sus miembros presentes.
A Mandu’a le asombra la argumentación esgrimida en dicha sesión, se atrevería a afirmar que (sin compartir todas las denuncias de prensa, que las hay serias y también de las otras), en la percepción de la opinión pública la realidad es todo lo contrario, que quienes atentan contra las instituciones de la República son aquellos diputados y senadores que utilizan sus fueros como si fuera una bandera de corsario que los dispensa a cometer todo tipo de abusos.
Quien haya vivido las iniquidades y persecuciones de la larga dictadura stronista y recibido con alborozo el golpe del 3 de febrero de 1989, que dio inicio al proceso político que vive el país, jamás se hubiese imaginado que a 25 años de esa primavera democrática, la clase política paraguaya, salvo honrosas excepciones, se degradaría y prostituiría de forma tal como para que en ambas cámaras, se observe, sin el mínimo rubor, este tipo de espectáculos. Conste que no se trata sólo del Parlamento ya que a gobernadores e intendentes, así como a miembros de juntas departamentales y municipales, salvo, vale reiterar, poquísimas excepciones, corresponde calificarlos con los mismos términos.
¿Cómo pudo la clase política paraguaya llegar a este estado de ignominia?
¿Debido a la vigencia del voto directo quizás? El voto directo posibilitó la irrupción en política de gente sin vocación de servicio ni escrúpulos y con suficiente dinero para comprar conciencias, votos y conductas, lo que se generalizó de forma tal que aquella militancia de los partidos con un mínimo de patriotismo, solvencia y decoro no pudo ofrecer resistencia a dicha invasión y prefirió retirarse de la escena dejando el campo libre a advenedizos y aventureros de toda calaña.
En cierta ocasión, un conocido radialista preguntó a un senador liberal que culminaba su mandato, por qué no se presentaba a la reelección y éste contestó que no lo hacía por no poder solventar la campaña electoral interna de su partido. Los candidatos para ser electos deben invertir sumas superiores a los emolumentos que cobrarán en cinco años de mandato, lo que ya hace suponer la conducta moral de los mismos. Entre los liberarles algunos dirigentes de larga trayectoria, de reconocida solvencia intelectual y moral, pero insuficientes fondos, lo intentaron y fracasaron. Aquellos pocos que lograron sobrevivir, al amparo de las listas sábanas, lo hicieron solamente porque los actuales “dueños” de los partidos, generalmente de pocas luces, requieren la presencia en el Parlamento de alguien pensante.
Esta situación, de persistir, tiene un final predecible. Estas agrupaciones pasarán a ser parte del pasado, como se dice vulgarmente: amóntema (fueron).