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Año 44 - N° 515 - Abril 2026
Editorial
Luces y sombras del sistema eléctrico paraguayo
El apagón que el pasado 18 de febrero dejó a casi todo el país sin electricidad no fue un simple accidente: fue una alerta sobre la vulnerabilidad estructural de un sistema eléctrico que sostiene la vida moderna de Paraguay sin la seguridad necesaria. Casi la totalidad del territorio se quedó a oscuras durante horas, no por falta de generación, sino por la incapacidad de la infraestructura para absorber fallas técnicas menores y por un marco regulatorio que aún no obliga al sector a garantizar resiliencia.
Según el ingeniero Guillermo López Flores, en su “Análisis del colapso eléctrico paraguayo” para el diario ABC, la falla no se debió a sobrecarga, sino a una oscilación de potencia mal interpretada por los relés de protección, que desconectaron automáticamente líneas esenciales en momentos críticos. El sistema carecía de redes de respaldo y redundancias operativas suficientes, lo que provocó un efecto dominó que dejó a hospitales, empresas, instituciones públicas y familias sin electricidad.
El impacto del apagón fue inmediato y palpable. Familias en ciudades grandes y pequeñas quedaron sin agua, porque los sistemas de bombeo dependen completamente de la energía eléctrica; semáforos apagados generaron caos vehicular, y comercios e industrias tuvieron que detener sus operaciones. La falta de electricidad reveló también la dependencia crítica de sectores esenciales: escuelas, hospitales y servicios públicos mostraron lo frágil que resulta una infraestructura básica sin respaldo operativo ni protocolos de emergencia eficientes.
Pero el problema no es solo técnico; es también estructural y regulatorio. La lógica vigente prioriza la protección de los equipos por sobre la continuidad del servicio, y carece de un regulador independiente que supervise y sancione la interrupción de suministro eléctrico. No existen penalizaciones significativas por “Energía No Suministrada”, y tampoco incentivos claros para invertir en mantenimiento predictivo, redes de transmisión resilientes o tecnologías de automatización que eviten el colapso. Esta combinación de factores deja al país expuesto a nuevos eventos similares, que podrían tener consecuencias aún más graves.
El apagón del 18 de febrero debe ser entendido como una llamada de atención para toda la sociedad paraguaya. Las fallas son conocidas y existen soluciones técnicas para mitigarlas, como reforzar líneas críticas, implementar redundancias, mejorar la coordinación de protecciones y modernizar la infraestructura de control. Sin embargo, lo que falta es voluntad política, inversión estratégica y un marco legal que obligue a la seguridad del suministro eléctrico.
Si Paraguay desea consolidarse como un hub regional confiable, atraer inversión extranjera y sostener el desarrollo urbano y económico, no puede seguir permitiendo que su sistema eléctrico funcione al límite de la contingencia. Los apagones no deberían ser un fenómeno extraordinario, sino una amenaza evitada mediante planificación, disciplina técnica y responsabilidad institucional. La lección del 18 de febrero es clara: sin electricidad confiable, cualquier crecimiento es frágil, efímero y costoso para la sociedad.