« Volver al detalle


Año 42 - N° 495 - Julio 2024

Editorial

La salud enferma

Además de ser un bien personal fundamental, la salud es un derecho humano que ningún Estado puede dejar de atender. Desde esta concepción, la conducción del área sanitaria está encargada al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Esa conducción deja mucho que desear porque no responde a las necesidades y posibilidades de la mayoría de la población. En los últimos años, lejos de mejorar, ha ido en franco deterioro. Por eso, los medios de información, diariamente, están abarrotados de reclamos del sector.

La medicina privada, canalizada en gran parte por los cada vez más inseguros seguros médicos empresariales -que cubren lo básico cotidiano hasta cierta cantidad de veces en la vigencia de los contratos, pero no las situaciones complejas- en general, se encuentra en el mismo proceso de deterioro en la calidad de sus prestaciones. El afán de lucro es la prioridad.

El otro modelo de atención a la salud es el del Instituto de Previsión Social (IPS). Sus males, derivados sobre todo de la corrupción de algunos administradores y funcionarios, son de antigua data: turnos para consulta y cirugía que tardan meses en concretarse, crónica falta de medicamentos, mala atención, abarrotamiento, filas que se forman desde la madrugada y otras situaciones son los indicadores de su ineficiencia en la Capital y en el interior.

En lo específico del servicio público, al que acude la gente de menos recursos económicos, si bien ha habido avances en la creación y mantenimiento de las Unidades de Salud Familiar (USF) y se anuncia la construcción de grandes hospitales distritales, la oferta no responde a la demanda que aumenta en este periodo del año por la presencia simultánea de influenza, covid, dengue y chikungunya.

Los medicamentos son otro punto crítico. Además de ser caros y subir cada día, ¿quién garantiza su calidad? No corresponde decir que este sector es tierra de nadie porque es tierra exclusiva de los fármaco-empresarios.

Lo que se deduce de todo esto es que para el gobierno la salud no es una prioridad. De haberlo sido, en primer lugar, hubiera dotado al sector de suficiente presupuesto para responder positivamente a las necesidades y también hubiera tomado las medidas pertinentes para que la medicina privada sea, ante todo, un servicio al ciudadano sin dejar de lado el lucro razonable de los inversionistas.

Es necesario por ello, ahora que el actual Ejecutivo está por cumplir un año de gestión, un cambio de rumbo para rescatar a la salud enferma de su actual situación. El presupuesto del 2025 debe contemplar una asignación acorde a los requerimientos de la población. Y la actual ministra de salud tiene que estructurar una estrategia para hacer que la medicina privada no sea solo máquina de imprimir dinero tanto en la medicina propiamente dicha como en lo que atañe a remedios.

 

 
 

Revista